OPINIÓN | Katherine Vásquez, trabajadora social INCAMI

Estas semanas hemos visto como la reflexión, a nivel público y comunicacional, se ha centrado en la expulsión de ciudadanos extranjeros con ingreso irregular a nuestro país. Nosotros como INCAMI conocemos de cerca la vulnerabilidad de aquellos que migran en condiciones de irregularidad y, por lo mismo, somos los más comprometidos en que esa realidad cambie y trabajar para que la migración sea segura, ordenada y regular.

Pero, para que esto se logre no solo debemos trabajar dentro del país, sino que también se requiere que el gobierno venezolano y el consulado se responsabilice en materia de respeto a los derechos humanos y en las leyes de identificación, que permitan a las personas decidir quedarse o emigrar de forma regular; y también se necesita el compromiso regional e internacional para hacer presión en aquello.

En tanto, en la realidad nacional, como INCAMI invitamos a discutir con altura de miras. Es urgente salir de ese discurso político manoseado en el que se resalta a un grupo de personas que genera daño, para que también podamos ver cómo, en este mundo globalizado, las migraciones y, sobre todo, la migración laboral -que es la que más llega a Chile- aporta al desarrollo sostenible de una nación.

Y esto lo respalda el análisis que hizo recientemente la Cámara Venezolana de Comercio – Chile CAVECOM y CAVEX a través de Equilibrium Social Development Consulting, en el que se mostró que el aporte que los migrantes venezolanos generaron a nuestro país en 2022, fue de US$409,7 millones, lo que significaría algo así como la construcción de 15 estaciones de metro. A esto se suma el dato que la CEPAL dio en 2022 que, entre el 2009 y el 2017, los migrantes de origen latinoamericano contribuyeron con el 11,5% al Producto Interno Bruto de Chile.

Estos números podrían incluso multiplicarse si pudiéramos, en el mediano plazo, ordenar estos flujos, trabajar con las comunidades de acogida y redistribuir la mano de obra que llega a nuestro país a las distintas regiones que están requiriendo trabajadores. Es un desafío multidimensional de todos y todas, que no se soluciona con medidas reactivas, sino con un plan de trabajo que incorpore a todos a los actores.

En este sentido, como INCAMI estamos dispuesto a seguir trabajando de forma colaborativa con la sociedad civil y el gobierno, para avanzar en una política integral, que ataque el problema de la seguridad, pero también que tenga un enfoque de acogida, que reciba y aproveche el talento intercultural que llega al país.

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