XXII JORNADAS DE MIGRACIÓN Y REFUGIO INCAMI 2022
DOCUMENTO SÍNTESIS
Las XXII Jornadas de Migración y Refugio INCAMI 2022, son una iniciativa del Instituto Católico Chileno de Migración – INCAMI – órgano de la Conferencia Episcopal de Chile y se realizan con la colaboración de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM); del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR); del Ministerio de Relaciones Exteriores, por intermedio de la dirección de política consular-subdirección de migraciones internacionales; del Ministerio del Interior y Seguridad Pública de Chile, a través del Servicio Nacional de Migraciones; de la Unión Europea; del Proyecto Crisol; de la Fundación Avina, del Observatorio Ciudadano y de la Red Clamor capítulo Chile.
Mesa I
Las instancias internacionales presentes en la primera mesa, Organización Internacional para las Migraciones, OIM, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, y la Unión Europea, reflexionaron sobre las acciones que se deben priorizar para construir el futuro con los migrantes y refugiados
Se propuso y hubo común acuerdo en acciones que eventualmente se podría también implementar en Chile, las cuales se podrían distribuir en cuatros grandes pilares: Frontera (recepción), Inclusión (Protección), Regularización (Asilo, estatus migratorio y vías complementarias de admisión) y Soluciones (Integración); y que a su vez han sido atendidos e implementados por algunos países de la región que han logrado desarrollar buenas prácticas y que serían excelente ejemplo para Chile.
Frontera: referida a garantizar el “Acceso al territorio”, desde todos los puntos de entrada al país, por cualquier vía: terrestre, marítima o aérea y con una visión de derechos humanos, destacando a Brasil con su programa de Reconocimiento Prima Facie de la condición del refugiado, basada en procedimientos acelerados o simplificados que permiten el ingreso legal a Brasil. La frontera también implica el cómo lograr un “Registro”, que permita observar desde las particularidades la identificación de actividades específicas de protección, que permita un abordaje diferenciado de cada uno; como buenas prácticas se mencionaron los programas implementados en México, Canadá y Ecuador, que cuentan con procedimientos simplificados de ingreso y registro y otros mecanismos, para facilitar y hacer que la condición de refugiado sea muchos más expedita, basada en particularidades. También el sistema biométrico establecido en Brasil, SICONARE, que desde 2019 permite integrar gestión de registro, notificación y el seguimiento de la tramitación y el de Colombia, dirigido como Registro Único de Migrantes Venezolanos.
El término frontera también se observó desde la manera de optimizar un “Levantamiento de datos”, con el enfoque de que una buena política debe tener una generación de datos que permita el desarrollo de esa política, su implementación y ajustes; y por último, se analizó sobre la entrega de “Asistencia Humanitaria”, vista de manera integral: con salud primaria, primeros auxilios psicológicos, orientación e información, albergue alimentación, agua, saneamiento e higiene espacio infantil, espacio de lactancia, transporte humanitario y gestión de casos.
Inclusión: Se reflexionó desde una óptica de protección y asistencia, en especial hacia la población con más necesidades o vulnerabilidad como niños, niñas y adolescentes, mujeres, adultos mayores, personas con condiciones de salud específicas, víctimas de violencia sexual y de género, la comunidad LGTBQ+, al garantizar su acceso a la protección social (acceso a un run único y registro social de hogares), con gestión de casos de protección, trabajando con la comunidad de acogida y creando vínculos de coexistencia pacífica que permitan una inclusión más efectiva que incentive la no discriminación.
Regularización: Se analizó la importancia de la regularidad para los procesos migratorios, resaltando que la irregularidad debe ser la excepción y la regularidad la norma, para ello se transmitió la necesidad de incentivar controles permanentes de regularización jurídica de la condición legal de las personas que ingresen al territorio, incorporando mecanismos amplios que incluyan un ecosistema de protección internacional, y que entre otros, crear mecanismos de regularización extraordinaria y tratar de que con los marcos normativos existentes se logre disminuir la irregularidad; fomentar el Sistema de Asilo, la política de Identificación y Extranjería; se recomendó como primer paso crear un sistema de enrolamiento y empadronamiento más amplio que permita identificar perfiles para canalizar eficientemente las medidas, y acceso a orientación y asesoría legal. Tomar en cuenta otras vías complementarias de admisión legal.
En este ítem, se resaltó las buenas prácticas en Protección Complementaria de México y Costa Rica; y la Programación Temporal y Arreglos de Estancia Legal, emprendidos por Colombia, con un estatuto especial de protección (TPS) para venezolanos; Ecuador, con la Amnistía Migratoria para venezolanos/as, y Estados Unidos, con mecanismos de Estatus de Residencia Temporal (TPS), ajustados a particularidades de países con condiciones especiales como Venezuela, Haití, Afganistán, El Salvador, Nicaragua, entre otros.
Soluciones: Enfocada a la integración local con el fin de obtener una inclusión económica, con el involucramiento de los sectores público y privado, ajustando oferta pública a necesidades específicas y sensibilizando al sector privado. Lograr un enfoque territorial, en especial con las municipalidades, ya que estas son las primeras puertas de acogida para los migrantes, y sé resaltó la necesidad de crear un trabajo integral con la comunidad de acogida. En este ámbito se destacaron como buenas prácticas las emprendidas en México y Brasil, que tienen institutos dedicados y especializados para lograr la inclusión con servicios totalmente gratuitos y los Programas de integración de movilidad laboral de México, Brasil y EEUU.
En síntesis, tenemos a nuestro alrededor, la experiencia de varios países en cuanto a gestión migratoria, que puede facilitar procesos de inserción, generando una cultura de la regularidad migratoria como regla y buscando disminuir con ellos la irregularidad migratoria, la cual debe ser la excepción. Nuestro país debe reconocer que estamos en un contexto donde vivimos otras realidades más allá de las migratorias y donde la solicitud de asilo debe ser una realidad con mecanismos claros y expeditos que permitan a las personas transitar por vías regulares y que no se vean forzadas a recurrir a la irregularidad migratoria. Esto implica que el país aplique de forma más clara y expedita la ley en materia de refugio (Ley 20.430) y se pronuncie brevemente sobre la Protección Complementaria mencionada en el artículo 10 de la Ley 21.325.
Mesa II
En el plano de la política nacional de migraciones y de la norma, se comentaron los programas y medidas destinadas a asumir los componentes del pasivo migratorio en el país, ya sea en las residencias, protección de derechos y atención al acceso de derechos de las personas migrantes.
Del mismo modo, en el plano internacional se colocó atención en los desafíos de la agenda migratoria regional y los componentes de la gobernanza de las migraciones internacionales. También se destacaron los ámbitos regionales y subregionales en los cuales se aborda la agenda regional, y los trabajos entre países en el concepto de derechos humanos y responsabilidad compartida. Se presentaron los ejes de la agenda y política migratoria: humanitario, migratorio, cooperación regional, cooperación internacional y cohesión social migratoria. También se invitó a trabajar en torno a la cultura de la migración y la cultura de acogida como tareas para nuestra sociedad.
En el panel, se destacó el rol de la comunidad local y de los gobiernos locales (municipios) para atender de mejor manera a los procesos de integración de las personas migrantes y se hizo un llamado a reconocer a las personas migrantes como el rostro humano de la integración regional.
Se propuso, entre otros aspectos, aportar al proceso de elaboración de la política nacional de migraciones, destacar el enfoque humano de y para la política sobre migraciones, asumir la formación de los actores involucrados en el trabajo y gestión de la migración, generar una nueva cultura de la migración y de la acogida, priorizar los enfoques en la gestión integral de la frontera, promover enfoques regionales y de coordinación entre países y actores relacionados en la migración y finalmente, pensar propuestas que involucren diversos ámbitos regionales en vista de una agenda regional y binacional o bilateral con los países de la región. La política de migraciones en elaboración es la oportunidad de poner la mirada en los próximos años desde enfoque prospectivo migratorio.
Mesa III
En primer lugar el representante del ejecutivo, a través del Ministerio de Desarrollo, aceptó la responsabilidad que el Estado ha tenido los últimos años en la decadente asistencia directa ante las necesidades y la vulnerabilidad de los migrantes y refugiados, concientización que los llevó, en los últimos meses (desde marzo de 2022), a abrir veintidós residencias familiares en nueve regiones del país, 8 (ocho) en la Región Metropolitana, para familias con niños, niñas y adolescentes; acción que logró el saneamiento de sitios públicos que registraban campamentos improvisados distribuidos en diferentes ciudades del territorio nacional y, a su vez, involucró la dignificación de las familias. Se destacó que se realizó levantamiento de datos con registro detallado enfocado en las particularidades, al implementar una política efectiva pero también afectiva de escucha. Escenario de asistencia que se repitió en la zona de Lobito, donde se han implementado programas multidisciplinarios de atención integral como por ejemplo, además de gestión de vivienda, asistencia con alimentos y un instrumento de gestión de casos, el cual no existía.
Se dio a conocer que entre otras acciones que se han emprendido el último año, desde el ejecutivo, ha sido la creación de diplomado de “migración y acciones perspectivas territorial”, dirigidos a capacitar y formar, con contenido y gestión a funcionarios de municipalidades, quienes son los encargados de dar la primera cara en la atención de las personas migrantes que recuren a las instituciones del Estado.
Al mismo tiempo, también han desarrollado y potenciado la plataforma de la Red de Protección Social, sistema que da la opción de orientar a las personas sobre la necesidad que tiene que cubrir, destacando que no está dirigido a una nacionalidad sino a personas en general con vulnerabilidad. Se dejó claro un importante dato sobre que el 10% de niños chilenos menores de 10 años tienen un padre migrante.
Por su parte, la Federación Mesa Nacional de Migrantes y Refugiados de Chile (FENAMIR), integrado por 55 fundaciones, asociaciones y corporaciones migrantes distribuidos en 14 regiones del país, expresó que está dirigida a avanzar en una política migratoria del país, integrada con las organizaciones sociales y por los migrantes presentes en distintas realidades, como participe en el diseño de la política. Dan a conocer que, entre las acciones más importantes desarrolladas en 2022, registran un documento que elevaron al ejecutivo nacional, específicamente al presidente de la República, Gabriel Boric, con 20 propuestas específicas para contribuir al proceso de inclusión e integración del migrante.
De igual manera, la plataforma internacional R4V, dio a conocer que entre sus principales actividades de integración se registran las académicas y formativas dirigidas a capacitar y sensibilizar a los funcionarios públicos, al igual que la realización de actividades de interculturalidad, talleres de formalización, cursos y certificaciones de competencias laborales hacia los migrantes.
En materia de intercambio internacional, los representantes de la Plataforma R4V. Espacio de coordinación de ACNUR y OIM, que busca dar respuesta a los migrantes y refugiados en Chile, principalmente a personas venezolanas, al dejar conocer las cifras que manejan sobre esta nacionalidad, que da cuenta de un total de emigrantes venezolanos de 7.5 millones de personas, de los cuales 6 (seis) millones ha optado por quedarse en la región.
La plataforma persigue unir esfuerzos con el Estado, autoridades locales y nacionales, con el fin de evitar la duplicidad de funciones y, para ello, cuenta con un plan de respuesta a refugiados y migrantes, como una estrategia regional. En Chile llevan 4 años de coordinación, en búsqueda de fortalecer la capacidad del Estado.
Como resultado, en 2022, dieron a conocer que han atendido a 48.153 (cuarenta y ocho mil ciento cincuenta) personas migrantes y refugiados, con 45.673 (cuarenta y cinco mil seiscientos setenta y tres) ayudas directas; y 2480 (dos mil cuatrocientos ochenta) personas beneficiadas indirectamente. Se especificó que las asistencias van desde protección general: soportes emocionales, asesorías, seguimiento, actividades multipropósito, ayuda económica directa; sector salud, integración, kit de higienes, alimentación transporte humanitario. Se destacó que en Tarapacá y Santiago son los lugares donde se ha registrado más asistencia.
Se propuso: Plantearse como desafío trabajar con organizaciones migrantes, recíprocamente logrando el trabajo en conjunto para su visibilización en la sociedad y en el Estado, que debe trabajar con, pro y para ellas. Generar una Política Nacional de Migraciones, dirigida no a una nacionalidad sino a todos, como humanos y sociedad. Además de transmitir la necesidad de continuar y fomentar todas las actividades vinculadas a la capacitación, formación y sensibilización de funcionarios públicos. Específicamente FENAMIR, elevó la propuesta que han asumido sobre adicionar a la ley de migración la reglamentación sobre el reconocimiento, convalidación y revalidación de títulos académicos y técnicos profesionales, basadas en 6 aristas: aranceles, para que se logre un costo único para todas las nacionalidades; acuerdos, con el fin de generar más acuerdos bilaterales (Chile sólo tiene 7 convenios bilaterales); validación y definición del reglamento, sobre el concepto ambiguo en cuanto a la definición de “universidades de reconocida trayectoria y universidades del estado”; y lo relacionado a acuerdos universitarios y de acreditación de carreras, como los de doble titulación.
Mesa IV
Esta mesa estuvo compuesta por representantes de la Fundación Horizonte Ciudadano, el Observatorio Constituyente de Rumbo Colectivo y el Movimiento de Amarillos por Chile, además de la moderación del Proyecto CRISOL, quienes fueron los encargados de reflexionar sobre los espacios de participación ciudadana y política de las comunidades migrantes y refugiadas de cara a un eventual proceso constituyente.
Se estableció la carencia de espacios que permitan la participación de la vida política nacional de los migrantes, atenuando la responsabilidad del Estado y de los partidos políticos. Se reflexionó sobre la necesidad de concientizar de que el fenómeno migratorio no es sólo de Chile, sino global, por lo que sus soluciones y acciones no deben verse como algo local sino como un esfuerzo multilateral, enfatizado hacia los países vecinos.
Se habló de las expulsiones masivas, haciendo un llamado a rechazarlas categóricamente desde todas las instancias de la República como un espacio mediático de gestión administrativa. Al mismo tiempo, se condenó la salida de inmigrantes de Chile, quienes tuvieron que dejar el país por no haber conseguido las condiciones mínimas, ni haber cumplido con las expectativas de un proceso migratorio promedio, al enfatizar que esto debería ser un llamado a la reflexión, a la sociedad y al Estado, de cómo se están haciendo las cosas en materia de derechos humanos y empatía social. Se concientizó sobre la riqueza y beneficio que representa para el país una migración regulada y segura y sobre la cultura de la vida, la cual se construye desde el entendimiento y la aceptación de las diversidades.
Se reflexionó sobre lo que se denominó nuevo pacto social, que debería mirar “hacia lo que somos y hacia dónde vamos”, por lo que se aclaró categóricamente que la migración tiene que estar y aparecer marcadamente en nuevo proyecto de constitución, al enfatizarse en que es materia histórica pendiente, pues coincidieron que la constitución del ochenta no cubre con las expectativas en estos ámbitos.
Se propuso elevar a los órganos competentes propuestas de acciones que contrarresten el relato social que busca la criminalización del migrante, como un desafío hacia al estado y al debate social y publico dejando atrás la estigmatización. Se estableció tener a los veintitrés objetivos del Pacto Mundial Para la Migración Segura, Ordenada y Regular de 2018, como eje para desarrollar la nueva política migratoria. Establecer una conexión más directa entre el poder local y el Estado, concientizando la importancia de los gobiernos locales en el accionar de atención migrante, pues son las municipalidades o localidades donde se les presentan las primeras oportunidades y servicios a las personas migrantes. Generar que todos los involucrados en el debate utilicen los mecanismos existentes para garantizar la participación política migrante con un trabajo basal y de red, teniendo a los partidos políticos como principales responsables de tener un sustancial dedicado a la migración, enfocados a que el 8% que representa la población migrante también puedan pertenecer al debate político.
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