Recomendaciones finales de la Pontificia Academia de las Ciencias Sociales

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Sesión Plenaria, 17–21 de abril de 2015

Trata de personas: consideraciones más allá de la criminalización

1428914101886“Las formas modernas de esclavitud, tales como la trata de personas, la prostitución, el trabajo forzado y el tráfico de órganos, y toda relación que no respete la convicción fundamental de que todas las personas son iguales y tienen la misma libertad y la misma dignidad, constituyen un delito grave de lesa humanidad”. Declaración conjunta de los líderes religiosos contra las formas modernas de la esclavitud (diciembre de 2014).

La aplicación efectiva del derecho penal es una condición necesaria para la erradicación de la trata, pero no es suficiente para remediar las consecuencias de este flagelo tanto en las víctimas como en la sociedad en su conjunto.

 

1. PREVENCIÓN Y CRIMINALIZACIÓN

a) Colaboración internacional en la adopción de pasos decisivos para crear una Agencia Mundial contra la Trata de Personas (WATA, por sus siglas en inglés).

b) A nivel nacional, introducción de la figura de Comisionado de Lucha contra la Trata y la Esclavitud, funcionario independiente con facultades para incrementar las buenas prácticas relativas a la prevención, la detención, la investigación, el enjuiciamiento y el castigo de los tratantes.

c) Aumento de los recursos presupuestarios de cada estado y de la colaboración policial internacional para elevar las bajas tasas de enjuiciamiento y de condena de los tratantes.

d) Conforme a la ratificación de la Convención de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de 1957 y del Protocolo de las Naciones Unidas contra la Trata de Personas de 2000, tipificación en todas las naciones de la trata de personas y del trabajo forzado como delitos penales punibles con sanciones proporcionales a la gravedad de esos delitos.

e) Aplicación legal de un castigo proporcional a la gravedad del delito, que incluya programas de reforma, para todos los tratantes que deban cumplir condena y en todos los países donde se hayan suscrito el Protocolo de Palermo y el Convenio N.º 29 de la OTI de 1930.

f) Utilización de los bienes decomisados a los tratantes condenados para prestar asistencia a las víctimas con miras a su rehabilitación y para establecer un fondo de indemnización que las tenga como beneficiarios.

g) Fomento y apoyo (en la medida de lo posible) al surgimiento de espacios de interacción y de participación de las víctimas en el sistema de justicia penal.

h)  Desarrollo de estándares de referencia mundiales para la asistencia a las víctimas, como asesoramiento jurídico, programas de protección de testigos, atención médica y psicológica, y apoyo personalizado de las agencias de servicios sociales.

i) Creación de mecanismos eficaces de colaboración por parte de las autoridades gubernamentales y de las agencias internacionales para garantizar que en los procesos de obtención y de registro de datos se defina y se delimite correctamente la población correspondiente a las víctimas de la trata de personas, evitando confundirlas con los migrantes irregulares que no sufren este flagelo.

j) Capacitación adecuada de todo el personal que por su función deba relacionarse con víctimas de la trata para asegurar que estas reciban un trato digno y respetuoso.

2. OPOSICIÓN A LA REPATRIACIÓN INVOLUNTARIA

El país de destino debería asumir la mayoría de las obligaciones relativas al reasentamiento de las víctimas, incluidos los servicios de identificación, documentación y ayuda humanitaria. No debe confundirse a las víctimas de la trata con los migrantes irregulares que no sufren este flagelo.

a) La repatriación y el retorno de las víctimas nunca deberían ser la norma por defecto.

b) Cuando sea requerida la repatriación voluntaria, garantizar que las víctimas que retornan a sus países de origen gocen de plenos derechos civiles, como resultado de la negociación de acuerdos gubernamentales y no-gubernamentales bilaterales.

c) Otorgamiento de permisos de residencia temporales para quienes deseen permanecer en el país de destino, independientemente de su situación legal en ese territorio nacional. Dicho permiso debería permitir a las víctimas el acceso a servicios especiales de apoyo (como una indemnización), el acceso efectivo a las cortes y a los tribunales pertinentes, y el acceso a asesoramiento jurídico gratuito.

d) Fomento de una coordinación concertada con las asociaciones de voluntariado y con las organizaciones intergubernamentales, en todo momento y en todas las regiones, para favorecer el reasentamiento de las víctimas.

e) Inclusión en la agenda prioritaria de todos los gobiernos de una mayor concientización pública sobre la trata de personas.

3. REASENTAMIENTO

La justicia penal está intrínsecamente asociada a la justicia social. Los programas de reasentamiento y de reintegración tienen como propósito que las víctimas de la trata alcancen su independencia socioeconómica, que ya no corran el riesgo de ser sometidas nuevamente a este flagelo, y que no tengan que recurrir a actividades ilegales, peligrosas o humillantes, pudiendo contribuir de manera positiva a la sociedad que los ha acogido.

a) Establecimiento en los países de destino de procedimientos que permitan a las víctimas identificadas hacer una elección informada (permanecer o retornar), poniendo a su disposición una red de contactos a quienes acudir para obtener información confiable.

b) Programas de asistencia y beneficios para las víctimas que no estén condicionados a su voluntad de cooperación con el sistema de justicia penal.

c) Desarrollo de un plan de reasentamiento flexible y voluntario en todos los países de destino que incluya: atención médica, aprendizaje del idioma local, adquisición de aptitudes para la vida, capacitación laboral, alojamiento e integración social, aprovechando al máximo la colaboración ofrecida por las asociaciones de voluntariado.

d) En el caso de las víctimas que permanezcan en el país donde fueron identificadas, otorgamiento de algún tipo de permiso de residencia que las autorice a acceder al mercado laboral.

e) Esfuerzos conjuntos para reducir las demoras en el otorgamiento de derechos y beneficios, así como el acceso a asesoramiento jurídico, a las personas identificadas como víctimas de la trata. Distribución de guías impresas que proporcionen a las víctimas información clara y detallada sobre sus derechos y responsabilidades, tanto en lo inmediato como a largo plazo.

f) Creación de centros de recursos en las embajadas nacionales ubicadas en los países de destino para brindar ayuda, en especial para obtener la documentación necesaria, a las personas sobrevivientes de la trata que elijan permanecer en esos territorios.

g) Promoción de programas de acogida destinados a adultos a través de los grupos de voluntariado y de las comunidades religiosas.

h) Animar a las víctimas que han recibido ayuda y que ya están establecidas en una localidad para que hagan su propio aporte a los programas de reasentamiento.

i) Establecimiento de programas y de sistemas de apoyo acreditados en los países de origen donde una gran cantidad de víctimas elijan retornar. Las víctimas de la trata no deben ser automáticamente devueltas a su familia, sino que primero deberán manifestar de forma expresa su preferencia.

4.   REDUCCIÓN DE LA DEMANDA

La criminalización se basa en una oferta determinada de víctimas de la trata que, en última instancia, está determinada por la demanda, lo que convierte a la trata de personas en una práctica rentable. Un enfoque complementario es trabajar para reducir la demanda, el lucro obtenido y, por consiguiente, la oferta.

a) La trata de personas en situación marginal, como pobres, refugiados, minorías étnicas y prisioneros, para la extracción de sus órganos es una práctica basada en la explotación y, como tal, debería considerarse un delito penal grave y un delito contra la humanidad.

b) Prohibición en todos los países de la compra, la venta, la intermediación onerosa, y el implante de órganos y de tejidos provenientes de víctimas de la trata.

c) Sugerimos que todas las comunidades religiosas fomenten y promuevan la donación voluntaria de órganos, a través de la firma de la tarjeta del donante, en el caso de accidentes automovilísticos u otros incidentes que lleven a declarar la muerte cerebral de la persona.

d) Solicitamos a la Iglesia Católica que bendiga y promueva activamente este último acto de bondad hacia el prójimo —al darle en gratuidad riñones o córneas— distribuyendo tarjetas de donante en todas las parroquias del mundo.

e) Exhibición de un sello de certificación en los productos vendidos (p. ej., ropa y artículos eléctricos) que sea sometido a estrictas auditorías y que garantice que la cadena de suministro está libre de trabajo forzado, trabajo infantil o trata de personas.

f) Coordinación de las asociaciones que promueven la transparencia en la cadena de suministro para organizar campañas de difusión a nivel nacional sobre la responsabilidad de cada consumidor para con las víctimas de la trata a la hora de elegir los productos que compra y los servicios que recibe.

g) Incorporación del enjuiciamiento de los clientes de servicios sexuales como parte integral de la legislación contra la trata de personas en todos los estados.

h) Énfasis normativo en las instituciones educativas para construir una cultura que estigmatice las actividades de producción y de consumo relacionadas con la trata de personas.

i) Designación del día de la fiesta de Santa Josefina Bakhita (8 de febrero) como jornada nacional dedicada a aumentar la concientización sobre todas las formas de trata de personas y reforzar la oposición normativa.

FIRMATARIOS

Margaret S. Archer; + Marcelo Sánchez Sorondo; Fr. Mathew Abraham; Rocco Buttiglione; Pierpaolo Donati; Gérard-François Dumont        Gary Haugen; Allen D. Hertzke; Francis R. Hittinger; Vittorio Hösle; Hsin-Chi Kuan; Luca Luccitelli; Janne Haaland Matlary;                            + Roland Minnerath; Douglas Porpora, Ph.D.; Vittorio Possenti; José T. Raga; Mina Ramirez; Giovanni Paolo Ramonda; Herbert Schambeck
Sr. Marcia Sichol, SHCJ; Steinar Strøm; Stefano Zamagni

Fuentehttp://www.endslavery.va/content/endslavery/es/events/criminalization/recommendations.html

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